Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 195. [101] Clapham, “Chapter 35: The complex relationship between the Geneva Conventions”, op. ×Ì0ØÌ¿~çYݯ¦>¡TZV&¤AÎu©fÃ¥nÃ@ÙAV¹vL¾~§ÜIRàÐØY»ÚÑÙâ¤ñwô;ö´^>}]x?¾saÀÒdi»ü¼l/ESÈ~$r Ã¥ÁÁ[´ +ºïʬ_E÷{{¾ùR,Øøz¥î÷^¸zý>rÀÏ1y¥B*6üL+൲@)ϧdÇV¿*ì:~êã Y|AÀÐÎ 5º×ø}êÞÄmi¦¬¹ÜÜÜ\©H]¥ÒM£2Ê
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Å:g Hill-Cawthorne, Lawrence, Detention in Non-International Armed Conflict, Oxford, Oxford University Press, 2016. A ello se suma la obligación estatal de investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos.[37]. ¿Y las obligaciones de derechos humanos? Caracterización de las víctimas policiales en el contexto del conflicto armado en Colombia . Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 35, artículo 9 (Libertad y seguridad personales), Doc. Derecho a ser oído, con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial. 27.2, 25.1 y 7.6, Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva OC-8/87, 30 de enero de 1987. 717. This paper examines the issue of detention of people in non-international armed conflicts. [103], Esta idea nos lleva a la tercera noción: la lex specialis como principio de interpretación. Algunas se incorporarán a unidades de las fuerzas armadas. of 2. CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL, TOMA DE REHENES Y OPERACIÓN HUMANITARIA INTERNACIONAL SERGIO ANDRÉS CÓRDOBA ANGARITA . Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. El conflicto armado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) El CJNG es un claro ejemplo de organización criminal que surgió como resultado de la estrategia del pivote antes mencionada . No obstante, es problemático determinar si los GAO, tanto aquellos con un umbral alto de organización y control como los que no, van a cumplir con la protección mínima que brinda el DIH a las PPL bajo su custodia. Salmón,Elizabeth, Introducciónal Derecho Internacional Humanitario, Lima, CICR, 2016. En este sentido, siguiendo la jurisprudencia interamericana, no se debería recurrir al fuero militar para investigar o juzgar a miembros de GAO ni a personas que hubieran participado directamente en las hostilidades. Luego, presentamos la regulación sobre las detenciones en CANI y sus limitaciones. El SIDH ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre esta materia y, en particular, sobre el alcance de los tribunales militares. Palabras clave:detención; personas privadas de libertad; conflictos armados no internacionales; derecho internacional de los derechos humanos; derecho internacional humanitario. La Reparación Integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su . Por lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una . [128] Véase TEDH, Caso Hassan vs. Reino Unido, Aplicación N° 29750/09, Sentencia de la Gran Cámara, 16 de setiembre de 2014. cit., p. 717; Clapham, “Detention by armed groups under International Law”, op. [43] Este problema se agrava si tomamos en cuenta que los CANI actuales ya no se encuentran confinados al territorio de un solo Estado y pueden involucrar una coalición de Estados que realizan operaciones militares internacionales contra los GAO. Quizás esto sea un ejemplo más de cuán fluidas pueden llegar a ser las fronteras entre los conflictos armados internacionales y no . Hacerlo podría configurarse como una violación del debido proceso. Aunque las organizaciones criminales persiguen objetivos principalmente económicos, esto no implica que no puedan ser parte de un conflicto en virtud del DIH â, sostiene el estudio. 84. En su sentencia, la Corte reiteró que, aun en CANI, “la prohibición de la privación arbitraria de la libertad es un derecho inderogable no susceptible de suspensión”. [130] Los Principios y Directrices del Proceso de Copenhaguen fueron adoptados en 2012 con miras a su aplicación en CANI y operaciones de paz que implicaban operaciones militares con un elemento transfronterizo. La regulación actual permitirá identificar un piso mínimo de obligaciones de DIH que deben cumplir todas las partes de un conflicto armado en todas las circunstancias, como fue desarrollado en el apartado 2 del presente artículo, lo cual incluiría, por ejemplo, el derecho a un debido proceso conforme al artículo 3 común. CAMBIOS EN LA NOCION DEL DERECHO DE GUERRA. 187. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Por ello, tanto el DIH como el DIDH complementan el derecho interno al regular la detención por fuerzas gubernamentales en CANI. Más bien, el DIH ha regulado garantías mínimas para estas situaciones, tanto de manera convencional como consuetudinaria.[134]. Frente a los retos en la aplicación de las normas del DIH sobre PPL por parte de los GAO, cabe preguntarse si es posible exigirles el respeto de los estándares mínimos de derechos humanos sobre estas personas. “Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. cit., p.85. Estas son realizadas no solo por fuerzas estatales, sino también por grupos armados organizados (GAO). CCPR/C/GC/35, 16 de diciembre de 2014. [51] Chatham House y CICR, “Expert meeting on procedural safeguards for security detention in non-international armed conflict”, en International Review of the Red Cross 876 (2009), p. 867. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, Fondo, Reparaciones y Costas. 1.2. [47] Ezequiel Heffes, “Detentions by Armed Opposition Groups in Non-International Armed Conflicts: Towards a New Characterization of International Humanitarian Law”, en Journal of Conflict & Security Law 2 (2015),pp. Aun cuando dicho Protocolo solo resulta aplicable a un reducido número de CANI,[24] algunas de sus disposiciones –como las garantías de debido proceso– tienen carácter consuetudinario. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Al-Jedda vs. Reino Unido, Aplicación Nº 27021/08, Sentencia de la Gran Cámara, 7 de julio de 2011. [111] CIDH, Informe N° 55/97, cit., párr. Además, considerando que los Estados han asumido obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, exploramos la posibilidad de complementar las disposiciones humanitarias con el DIDH a fin de fortalecer la protección de los individuos en estos contextos. âCabe destacar, agrega, que varios carteles relativamente pequeños y extremadamente violentos han comenzado a caracterizar el conflicto en México y han planteado desafÃos sin precedentes para el gobierno. Otros tratados de derechos humanos más específicos también deben ser tomados en cuenta, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. If a fair trial cannot be provided, other forms of detention may be considered, in particular internment for security reasons. Consejo de Derechos Humanos (CDH), Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories, A/HRC/8/17, 6 de junio de 2008. Consejo de Derechos Humanos (CDH), Report of the High Commissioner under Human Rights Council resolution S-15/1, A/HRC/17/45, 7 de junio de 2011. Respecto a la muerte del señor Cruz Sánchez concluyó que esta “se produjo una vez que se encontraba bajo la custodia del Estado”[148] y, en esa medida, le correspondía la protección que el DIH otorga a las personas hors de combat,[149] por lo que estableció que fue una ejecución extrajudicial[150] y determinó la responsabilidad internacional del Estado por la privación de arbitraria de la vida. Para todo personal investigador, estudioso, profesional del derecho y los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos como la Mediación, Conciliación, Negociación, Facilitación, Juez Neutral, Árbitro, Componedor, Defensores del Pueblo u otros; resulta . Este desarrollo es beneficioso para las víctimas de guerra y puede estar . De esta manera, es posible afirmar que, al menos, los GAO que tienen cierto nivel de control y autoridad en un territorio específico que les permite cumplir con funciones gubernamentales sí tendrían obligaciones de derechos humanos. [90] Corte IDH, Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. Varias son las causas que han motivado esa tendencia. 859-881. Al navegar en este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales por parte de la Universidad conforme a su política de cookies y la política de protección de datos personales. [140] Por su parte, el DIDH reconoce el derecho de toda persona a no ser privada arbitrariamente de su vida. Tras el análisis cuantitativo de 280 crisis Las garantías particulares que proceden en estos casos, distinguiéndolos de las detenciones por la comisión de un delito, incluyen la revisión de la decisión de manera pronta y periódica por un órgano independiente e imparcial, el acceso a asistencia jurídica independiente, y la comunicación de las pruebas en que se basa la decisión. La Corte reiteró que el DIH “nutre la interpretación de la cláusula convencional que prohíbe la privación arbitraria de la vida en razón de que los hechos sucedieron en el marco de un conflicto armado y con ocasión del mismo”,[146] y destacó que el artículo 3 común protege a las personas que no participan directamente en las hostilidades o que se encuentran fuera de combate frente a atentados contra su vida. [76] PIDCP, artículo 4; CADH, artículo 27. El hecho de que los GAO no tengan prerrogativas expresas para la detención en CANI, no significa que, una vez que lo hagan, estén exentos de cumplir con las normas convencionales y consuetudinarias de protección del DIH. Melzer, Nils, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction, Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016. [136] Corte IDH vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 3 En este sentido, la primera restricción implica que al interior de su territorio el Estado es soberano, es quien debe "mantener o reestablecer el orden público o . 7. De manera similar, Milanovic, “The lost origins of lex specialis”, p. 27. 1929 y 1979.El concepto de crisis internacional traduce un tipo de situaciones conflictivas que en sí mismas no constituyen conflictos violentos pero que,con frecuencia,los terminan desencadenando.El autor cita como ejemplo paradigmático,la crisis del muro de Berlín en 1961. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. Territorio de violencia extrema. [Advertencia: fuertes imágenes] El video que circula en redes sociales muestra cómo al momento del impacto la motocicleta se hace trizas. [167] Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction, op. 158. 1.3. de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur, “Conflict in South Sudan: A Human Right Report”, 8 de mayo de, La detención de personas en conflictos armados no internacionales, Protocolo de atención para casos de acoso, violencia sexual y basada en género, Recursos Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, Universidad de La Sabana - Colombia - Universidad de La Sabana, https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdmmu.htm#3, https://www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basic-rules-and-challenges, https://www.asil.org/insights/volume/16/issue/39/copenhagen-process-principles-and-guidelines-handling-detainees#_edn2, www.asil.org/insights/volume/16/issue/39/copenhagen-process-principles-and-guidelines-handling-detainees, Protocolo de atención para casos de acoso, violencia sexual y basada en género, así como de comportamientos que sean contrarios a los principios fundamentales de la Universidad o enfrentan la dignidad de cualquiera de los miembros de la comunidad univesitaria. [53], Si bien las normas internas sobre detención podrían fortalecer la facultad de los Estados de privar de la libertad en estas situaciones, no ocurre lo mismo con los GAO. [134] Protocolo adicional II, artículo 6.2; Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, op. En los últimos años, México ha seguido la estrategia llamada âkingpinââ, mediante la cual ha arrestado o asesinado a los lÃderes de los principales cárteles de la droga que operan en el paÃs. cit., p. 75. cit., p. 722. El presidente de Crisis Group, Robert Malley, enumera los diez conflictos que debemos tener en la mira en 2021. Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 43/173, 9 de diciembre de 1988. Está ampliamente documentado que es . [114] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Sentencia de 30 de noviembre de 2012, Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. [141] Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal”, en Revista IIDH 59 (2014), p. 41. En resumen, las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos se mantienen vigentes en contextos de conflictos armados y complementan las normas de DIH sobre PPL. Frente a esta situación todos los implicados, directa e indirectamente en el conflicto armado no internacional, deben ser . De manera similar, véase Clapham, “Chapter 35: The complex relationship between the Geneva Conventions”, op. 42. Siguiendo esta línea, nos preguntamos hasta qué punto las normas del DIH son suficientes para regular la protección de las PPL por estos actores y si los GAO tienen obligaciones de derechos humanos. Informe del Relator Especial Philip Alston, 22 de diciembre de 2004; Informe del Relator Especial Philip Alston, 29 de enero de 2007, párr. ), International Humanitarian Law and Human Rights Law: Towards a New Merger in International Law, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 104. De esta manera, los Estados podrían adoptar como política aplicar las disposiciones contenidas en el III y IV Convenios de Ginebra, así como en el Protocolo adicional I,[44] y las partes del conflicto podrían concluir un acuerdo, en virtud del artículo 3 común, a fin de aplicar las disposiciones de dichos instrumentos. [90] Los principios del debido proceso del artículo 8 tampoco son susceptibles de suspensión. cit., p. 733. [7], Tanto los Estados como los GAO pueden considerar necesario internar a una persona, aun cuando no sea miembro del GAO o no se encuentre participando directamente en las hostilidades. [93] La Corte estableció que el habeas corpus tiene una función esencial para el respeto de la vida e integridad de las PPL, protegerlas contra la tortura y otros malos tratos, e impedir su desaparición o la indeterminación del lugar de detención.[94]. [16] Sin perjuicio de ello, debemos hacer algunas precisiones respecto a las obligaciones recogidas en esta norma. Ahora la atención se ha reducido significativamente, "sobre todo en 2022 y por la guerra en Ucrania", dice Urrutia, quien insiste en que el conflicto armado allí está lejos de haberse resuelto. 718. cit., pp. Sobre esta cuestión, resulta importante el desarrollo del CDH, en su Observación General Nº 31, sobre el efecto horizontal de los derechos humanos. Así, los GAO suelen detener a miembros de las fuerzas de seguridad contrarias y personas sospechosas de apoyar a la otra parte, así como a personas que habrían cometido delitos comunes en territorios bajo su control o, incluso, a sus propios miembros. [118] Precisamente, con relación al derecho a la libertad y seguridad personales, la CIDH ha indicado que, aun cuando el DIDH y el DIH puedan tener diversos requisitos relacionados con la privación de libertad, siempre debe apuntarse a elevar la protección, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad, humanidad y no discriminación. Este término debe ser interpretado para abarcar tanto a los tribunales del Estado como del GAO, en cuyo caso deberán ser constituidos conforme a las normas internas del grupo. Cabe destacar que es parte de un Conflicto Armado No Internacional al menos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)â, cita el documento. La norma relativa a la obligación de respetar y proteger al personal . [157] En CANI, las normas aplicables son el artículo 3 común, inciso 1.a), el artículo 4.1. del Protocolo adicional II y la norma 90 del DIH consuetudinario. 112/10, cit., párr. [92] La primera de ellas es crucial para los casos de privación de libertad, pues protege frente a detenciones arbitrarias. Consejo de Derechos Humanos (CDH), Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings, A/HRC/31/CRP.3, 15 de febrero de 2016. [142] Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, Sentencia de 25 de octubre de 2012, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. cit., p. 208. Las personas civiles no podrán ser atacadas, salvo que participen directamente en las hostilidades y durante el tiempo en que lo hagan. [44] Oswald, “Chapter 4: Interplay as regards dealing”, op. Eso es lo que parece demostrar un informe que presentó el Comité Internacional de la Cruz Roja, . [45] Melzer, International Humanitarian Law, op. [84] En esta medida, ha establecido que “la garantía fundamental contra la reclusión arbitraria no es derogable”[85] y que no se puede limitar el derecho a recurrir a un tribunal para decidir sobre la legalidad de la privación de libertad. [113] Al respecto, Elizabeth Salmón ha señalado que existen tres etapas en la aproximación del SIDH al DIH: “a) la etapa de indiferencia, b) la etapa en la que se ha considerado al DIH como una opción válida de interpretación, y c) una última etapa en la que se tiende a ciertas ‘zonas grises’ en la aplicación e interpretación del DIH” (Cfr. Primero, se abordan los tipos de detención aplicables en este tipo de conflictos y la protección que reciben las personas privadas de la libertad (PPL). [3], Un examen detallado de las disposiciones del DIH evidencia que las categorías de personas protegidas no son iguales en un conflicto armado internacional (CAI) que en un CANI. Precisamente, el CDH parece haber adoptado una postura en este sentido en su Observación General N° 35 sobre el derecho a la libertad y seguridad personales. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva OC-8/87, 30 de enero de 1987, párrs. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, ES 32IC/15/11, Ginebra, XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2015. Es muy poco probable que los Estados reconozcan la posibilidad de realizar detenciones a los GAO, pues esto implicaría reconocer la legitimidad de estas y debilitar su poder para contener la insurrección. Conforme al principio de distinción, en un conflicto armado, los ataques solo pueden dirigirse contra combatientes y objetivos militares. Después de haber visto los tipos de detención y los marcos normativos de protección de las PPL aplicables en conflictos armados desde el DIH, pasaremos a analizar específicamente las privaciones de libertad realizadas por fuerzas estatales en CANI. [147], A partir de esta interpretación, la Corte IDH analizó las muertes de Eduardo Cruz Sánchez, así como de Herma Meléndez y Víctor Peceros, miembros del grupo armado. [25] CICR, Commentary on the First Geneva Convention, op. Una de ellas es la creciente interdependencia de los . 9!W~c!¿BH*2¢uj}@äXD%©B! 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, Doc. [174] CDH, Observación General No. Debemos considerar también las siguientes obligaciones consuetudinarias que no se encuentran en el Protocolo adicional II: prohibición de desapariciones forzadas; deber de registrar los datos personales de las PPL; y alojar a los niños privados de libertad en lugares separados de los adultos, salvo en caso de unidades familiares. [151] En contraste, respecto a la señora Meléndez y el señor Peceros, el Tribunal señaló que no se había acreditado que se encontraban fuera de combate al momento de su muerte[152] y, en consecuencia, no hubo privación arbitraria de la vida.[153]. 38. 961-993. CONFLICTO ARMADO CON CARÁCTER INTERNACIONAL Convenio de Ginebra artículo 2: define este tipo de conflicto armado que es cuando se . El tercer ejemplo corres-ponde al libro colectivo dirigido por el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín y el historiador Gonzalo Sánchez, ambos del i e p r i, Nuestra guerra sin nombre (2006) dedicado principalmente a analizar diversos aspectos del conflicto armado. [49] Heffes, “Detentions by Armed Opposition Groups in Non-International Armed Conflicts”, op. Log in with Facebook Log in with Google. Finalmente, se evidencia una falta de protección de las personas detenidas en CANI por GAO. En primer lugar, se examina si existe una laguna jurídica en el derecho internacional humanitario respecto a la protección de las personas que se encuentran privadas de libertad en estos contextos. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso J. vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 2013, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. cit., p. 215. Aughey, Sean y Aurel Sari, “Targeting and detention in non-international armed conflict: Serdar Mohammed and the limits of human rights convergence”, en International Law Studies 91 (2015), pp. [68] DUDH, artículo 8; PIDCP, artículo 2.3; DADDH, artículo XVIII; y CADH, artículo 25. High Court of Justice Queen’s Bench Division, Caso Serdar Mohammed vs. Ministro de Defensa y Qasim y otros (Respondents) vs. Secretary of State for Defence, 2 de mayo de 2014. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Sentencia de 30 de noviembre de 2012, Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 64. Para ello, se analiza la relación entre el DIDH y el DIH, con particular énfasis en temas abordados por la jurisprudencia interamericana. cit., p. 9: “So far, a series of scholars have not found that IHL provides a legal basis to detain or intern in a NIAC”. tores del conflicto y de las políticas de paz o de guerra. Ante ello, un primer paso es dejar de considerar como ilegales en sí mismas todas las detenciones realizadas por un GAO. cit., p. 730. cit. Se ha tomado conocimiento de que personas civiles en Ucrania han tomado las armas. En esta línea, la lex specialis se aplicaría en relación con una norma en específico y no para articular dos ramas del derecho internacional en su totalidad. De esta manera, si bien los GAO deberán respetar en todo momento las prohibiciones de homicidio, tortura y malos tratos, toma de rehenes y detenciones arbitrarias, entre otros, podrían evaluar si tienen la capacidad para realizar juicios conforme a todas las garantías del debido proceso. [158] Oswald, “Chapter 4: Interplay as regards dealing”, op. [91], En particular, la Corte IDH ha señalado que el habeas corpus y el amparo son consideradas garantías judiciales indispensables. Además del artículo 3 común, corresponde abordar las normas del Protocolo adicional II y las normas consuetudinarias del DIH. Esta laguna, sin embargo, puede ser llenada a través de manuales militares, legislaciones y políticas nacionales, entre otros. Aunque su objetivo no era tipologizar propiamente el conflicto colombiano y sus diferentes manifestaciones (debido precisamente a la complejidad del tema en Colombia), Pizarro (2004) logra describir unas generalidades del conflicto político armado contemporáneo en el mundo, en aras de ubicar a Colombia en una o varias de estas generalidades . hasta Afganistán, Etiopía o la emergencia climática, no dispararon el número de muertes en combate ni incendiaron el mundo. [27] CICR, Commentary on the First Geneva Convention, op. [157] Artículo 3 común; artículos 49, 52, 87, 89 y 97 del III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; artículos 40, 51, 95, 96, 100 y 119 del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; artículo 75.2.a)ii) del PA I; y artículo 4.2.a del Protocolo adicional II. [129], Adicionalmente, la relación entre el DIH y el DIDH fue discutida en el marco del Proceso de Copenhagen sobre el Tratamiento de Detenidos en Operaciones Militares, cuyo objetivo era resolver los retos sobre la base jurídica para la detención, así como los derechos y el tratamiento de personas detenidas. [28] Protocolo adicional II, artículo 6, inciso 2. cit., p. 49. Hay posturas que han ensayado una serie de propuestas para saldar este vacío, partiendo de la premisa de que esto podría ser considerado como una muestra de la falta de equidad entre los Estados y los GAO. [137] En esta medida, ha afirmado que el fuero militar debe aplicarse únicamente cuando la protección de bienes jurídicos de carácter castrense haya sido vulnerada por miembros de las fuerzas militares en el ejercicio de sus funciones.[138]. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Hacia el cierre de Guantánamo”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Yarce y otras vs. Colombia, Sentencia de 22 de noviembre de 2016, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. [99], La primera acepción se deriva de la máxima lex specialis derogat legi generali. cit., pp. [107] Desde este punto de vista, ambas ramas del derecho internacional se combinan para otorgar una mayor protección; sin embargo, la interpretación seguiría sujeta a los límites del “significado ordinario” de los términos y la coherencia con el objeto y fin del tratado. Esto no otorga ningún incentivo a los miembros de los GAO para preferir detener a las fuerzas de la parte contraria, antes que optar por el uso de fuerza letal, ni coadyuva a brindar un trato humanitario mínimo que respete además las reglas del debido proceso. [37]Ibid., p. 687, norma 158; Comité Internacional de la Cruz Roja, Expert Meeting on the use of force in armed conflicts: Interplay between the conduct of hostilities and law enforcement paradigms, Ginebra, CICR, 2013, pp. Por otro lado, la Corte IDH ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre privaciones de libertad en marco de un CANI en el caso “Yarce y otras vs. Colombia”. En suma, la protección de las PPL por los GAO puede equipararse a la protección de estas personas por Estados que no se han hecho parte de los principales tratados del DIDH. cit., p. 392, norma 99. Comité de Derechos Humanos (CDH), General comment No. [156] Artículo 7 del PIDCP; artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 10 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; artículos 1 y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; artículo 5 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 16 de la Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño, artículo 4 de la Convención de Belém do Pará, y artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. [83], Aun cuando el derecho a la libertad y seguridad personales no se encuentra expresamente recogido dentro del listado de derechos inderogables del PIDCP, el CDH ha afirmado que “existen límites a la facultad de los Estados parte de dejar en suspenso sus disposiciones”. 510-511. [53] Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction, op. ), Convergence and conflicts of human rights and international humanitarian law in military operations, Pretoria, Pretoria University Law Press, 2014, p. 69. [5], En CANI existen dos formas principales de privación de libertad: la detención de personas que han cometido o se sospecha que han cometido delitos, y la detención de personas por razones de seguridad. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha considerado este viernes que el conflicto en Ucrania "está lejos" de resolverse, en el marco de un aumento . [145] Corte IDH, Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, Sentencia de 17 de abril de 2015, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. Por otro lado, conviene preguntarse si los Estados pueden establecer estados de excepción en contextos de conflicto armado y, por tanto, suspender los derechos antes mencionados. En estos casos, la normativa aplicable consistiría en las normas del DIH y las normas consuetudinarias del DIDH, como la prohibición de la privación arbitraria de la libertad. Ciertamente, existe un mínimo de trato humanitario que todas las partes de un CANI deben garantizar, independientemente de su naturaleza o su posición en el combate. Legal Conclusion or Interpretative Process?”, op. Un estándar muy consolidado en el SIDH es que los Estados tienen un deber de prevenir violaciones de los derechos humanos como parte de su obligación de garantizar, incluyendo aquellas cometidas por particulares. En algunos casos, el DIDH tendrá regulaciones más específicas que podrán ser utilizadas para interpretar algunas disposiciones del DIH, como es el caso de la interpretación del artículo 3 común a partir de los estándares de debido proceso desde el DIDH. [95] Aunque esta figura no se encuentra recogida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (Convención de Viena),[96] empezó a ser utilizada para analizar la interacción entre estas dos ramas a partir de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la Legalidad de la Amenaza o el Empleo de Armas Nucleares de 1996. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, ES 33IC/19/9.7, Ginebra, XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2019. Corte Internacional de Justicia (CIJ), “Las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado”, Opinión Consultiva, 09 de julio de 2004. Apartado: 53753, Bogotá. académico sobre el tópico de personas naturales afectadas en términos jurídicos por el conflicto armado no internacional (CANI en adelante) pertenecientes a las Fuerzas Armadas (En adelante FF. En muchas guerras civiles, han intervenido con sus ejércitos, en favor de una u otra Parte, Estados extranjeros, que han tratado de influir en el desenlace del conflicto. [52] Lo mismo aplicaría para las normas sobre la modalidad de la detención y los procedimientos seguidos, ya sea para investigar o sancionar a miembros de GAO. [33] Siguiendo a Henckaerts y Doswald-Beck, “el requisito de una razón válida para la privación de la libertad se refiere tanto a la razón inicial que ha provocado esa privación de libertad como a la prolongación de la detención”. |æDÇzZ=}vïÎ?hköËoÙðßv~*kAuÕh)ãz]§Ømݱ ademas ya no es necesario la utilizacion de cualquier metodo para llevar axabo la guerra. [163] Lawrence Hill-Cawthorne, Detention in Non-International Armed Conflict, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 237. Esto tendrá consecuencias duraderas para nuestra seguridad y por eso debemos seguir reforzando el vínculo transatlántico vital de la OTAN. Las PPL seguirán beneficiándose de todos los derechos reconocidos en instrumentos de derechos humanos, pues el DIDH sigue vigente aún en contextos de conflicto armado. [179] Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, párrs. âSi bien esto ha contribuido a procesar a varios miembros notorios de las organizaciones criminales, también ha conducido a una fragmentación del panorama criminal mexicanoââ, observa la GA. Pero la sociedad . [25] En esta medida, el siguiente cuadro muestra las obligaciones respecto a las PPL: A. Protección de personas fuera de combate, Prohibición de realizar distinciones desfavorables, Respeto a convicciones y prácticas religiosas, Prohibición de atentados contra la integridad física o mental, incluyendo tortura, tratos y penas crueles, humillantes y degradantes, Proveer alimentación, agua potable, condiciones de salubridad e higiene, vestimenta y asistencia médica, Respetar convicciones y prácticas religiosas, Garantizar condiciones de trabajo y garantías análogas a las de la población civil local. [2] El DIH protege a las personas que no participan directamente de las hostilidades, así como a quienes han dejado de participar en estas, como es el caso de los enfermos, heridos y náufragos, los prisioneros de guerra y otras personas detenidas. Así, se ha sugerido considerar las normas adoptadas por los propios GAO como la base legal para justificar las detenciones que realizan en el territorio que controlan. UU. [116] Véase, por ejemplo: Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, Sentencia de 25 de octubre de 2012, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. No existe una disposición expresa que autorice la privación de libertad ni que regule los procedimientos para cuestionarla en CANI. [110], Esta aproximación a la relación entre el DIH y el DIDH ha sido adoptada en decisiones del SIDH. 1. [61] DUDH, artículo 3; PIDCP, artículo 9.1; DADDH, artículo I; y CADH, artículo 7.1. [74] Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 43/173, 9 de diciembre de 1988. [51] Cualquier norma de derecho interno sobre la cual se base un Estado para detener en un CANI, dentro o fuera de su territorio, tendría que respetar el DIH y las obligaciones en materia de DIDH a las que el Estado se ha comprometido internacionalmente. A partir de esto, concluimos que la muerte de una PPL causada por oficiales estatales en un CANI puede calificarse como una ejecución extrajudicial cuando no se cumplan los criterios que regulan el uso de la fuerza en el DIH. 277 y 287. A diferencia de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I que regulan la privación de libertad en CAI, el artículo 3 común y el Protocolo adicional II no contienen normas detalladas sobre la detención de personas en CANI. [113] En el caso de Masacre de Santo Domingo, la Corte IDH afirmó que “puede observar las regulaciones del DIH, en tanto normativa concreta en la materia, para dar aplicación más específica a la normativa convencional en la definición de los alcances de las obligaciones estatales”. Como se desarrolló en la sección anterior, existe una relación de complementariedad entre el DIH y el DIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Fondo. 20; “Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya: detailed findings”, 5 de febrero de 2016, párr. 189-193. Á&k9µ]½]ö776ü©¹SÕn:Nnlë£êÎ÷¶7|ZU¯¦cýíë©\Ò5×}jn5íË×1}¬/)¢T¦°4¡±ÞXêèÏèòªÑ1+*,6ÙÜZ&¶e[jR. Además, en el SUDH, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha reiterado en diversas ocasiones la aplicación complementaria, y no excluyente, de ambas ramas,[154] al igual que el CDH en su Observación General N° 36.[155]. Para entender las causas del conflicto armado en Colombia es necesario remitirse al pasado remoto, consideran algunos de los expertos. 12 y 22. 4-6; Corte IDH, “El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. [125] Por tanto, una PPL por razones de seguridad tiene el derecho a una revisión independiente de la necesidad de la detención. [81], Un aspecto adicional que se debe tener en cuenta es que tanto el PIDCP como la CADH contienen un listado de derechos de carácter inderogable. [69] DUDH, artículo 10; PIDCP, artículo 14.1; DADDH, artículo XXVI; y CADH, artículo 8.1. 180-195. Debemos seguir reforzando la asociación entre la OTAN . cit., pp. 11; CDH, General comment No. [170] Clapham, “Detention by armed groups under international law”, op. y las destructivas guerras que la diplomacia no logró detener. [43] CICR, Commentary on the First Geneva Convention, op. El cese al fuego progresivo es fundamental para la paz integral que necesita el país ", dicen. Según la 1. 60-118, en https://ssrn.com/abstract=2558158, fecha de consulta: 25 de agosto de 2019. Habiendo identificado las normas del DIDH que resultan aplicables a las PPL, y verificado su aplicación en contextos de conflictos armados, corresponde abordar cómo se relaciona esta rama del derecho internacional con el DIH. cit., p. 718. 30; Corte IDH, El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. Esta regulación responde a la realidad, ya que regularmente miles de contendientes y civiles son detenidos o internados por la parte adversa, lo que los deja en una situación de separación de sus familiares, incertidumbre, ansiedad, tensión e, incluso, abusos. El papel del derecho interno como base para la detención, 2.2. Barcelona 10 de enero del 2023. [82] Tal es el caso del derecho a la vida, la prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad y no retroactividad, entre otros. Campus del Puente del Común, Km. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004. [81]Ibid., párrs. cit., p. 212. 160. or. [63] DUDH, artículo 5; PIDCP, artículo 7; DADDH, artículos I y XXV; y CADH, artículo 5. Para un comentario de la decisión de la Corte Suprema, véase Clapham, “Detention by armed groups under international law”, op. Conflicto armado No internacional: es aquel que procede entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o tambien pueden dares una situación de conflicto entre grupos no gubernamentales. . 10 conflictos para tener en la mira en 2022. cit., p. 3. Definición de objetivos militares. âSe presume que las fuerzas del gobierno satisfacen los criterios de organización. 11; Observación General N° 35, artículo 9 (Libertad y seguridad personales), 16 de diciembre de 2014, párr. Derecho a ser informado de las razones de la detención. [8] Andrew Clapham, “Detention by armed groups under international law”, en International Law Studies, 93 (2017), p. 3. 141. cit., p. 211. En un conflicto armado no internacional (también denominado conflicto interno), . En el centro, las disputas . [56] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe 55/97, Caso 11.137 Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, párr. [174], Asimismo, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ha afirmado que, cuando los GAO tienen un control significativo sobre un territorio y una población, además de una estructura política identificable, sería aconsejable tratar sus actividades en el contexto de los derechos humanos. Véase, por ejemplo: Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, Sentencia de 25 de octubre de 2012, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. Detention is a regular occurrence in both international and non-international armed conflicts and is practised by State and non-State Parties alike.[1]. [140]Idem., Protocolo adicional II artículo 4, inciso 2.a); norma consuetudinaria 89; Estatuto de Roma, artículo 8, inciso 2.c) i). [10], Existe una diversidad de normas del DIH que regulan la protección de las PPL en un conflicto armado. Principio de legalidad y de retroactividad. En específico, esto ha sucedido en el caso de los estándares en materia de garantías de debido proceso y los tribunales militares, la prohibición de ejecuciones extrajudiciales y la prohibición contra la tortura. 76. (EUROPA PRESS) -. En cualquier momento podrá configurar el uso de cookies en su ordenador, y para ejercer sus derechos de protección de datos personales puede hacerlo a través de los canales habilitados como el correo protecciondedatos@unisabana.edu.coprotecciondedatos@unisabana.edu.co, 1.1.Tipos de detención y la protección de las personas privadas de libertad en conflictos armados. Si bien la investigación existente enfatiza la importancia de motivaciones individuales para la deserción, el declive organizacional, en forma de adversidad militar y financiera, también puede . [159], Siguiendo esta línea, la jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que la prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, incluso en CANI. GETTY IMAGES. El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra (artículo 3 común) dispone que las personas detenidas deberán ser tratadas con humanidad, sin distinción alguna, y prohíbe de manera absoluta determinadas conductas contra ellas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.[15]. Los disturbios interiores se caracterizan por una profunda perturbación del orden interno debida a actos de violencia que no tienen las particularidades de un conflicto armado (por ejemplo . 717; artículo 3 común, inciso 1.d). [17] CICR, Commentary on the First Geneva Convention, op. [30] De manera similar, se establece que, en la medida de lo posible, las PPL podrán recibir visitas, y la posibilidad de que el CICR ofrezca sus servicios para visitar a estas personas. [162], A pesar de esta realidad, no hay consenso sobre la existencia de una base jurídica que otorgue a los GAO la facultad de detener, aun cuando sea necesario para su propia seguridad. En particular, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado sobre la relación de estas ramas respecto a PPL en conflictos armados en los casos Al Jedda vs. Reino Unido[127] y Hassan vs. Reino Unido. Contact Center: (601) 861 5555 / 861 6666. [77] Comité de Derechos Humanos (CDH), Observación General N° 29 Estados de Emergencia (art. [162] CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, ES 33IC/19/9.7, Ginebra, XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2019, p. 53. Las tropas rusas invadieron Ucrania desencadenando un conflicto armado en el país. [60] Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), artículo 9; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 9.1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre DADDH, artículo XXV; y Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), artículo 7.3. [121] Corte IDH, Caso Yarce y otras vs. Colombia, Excepción Preliminar, Sentencia de 22 de noviembre de 2016, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. Angelika Rettberg es Directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz, Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia). [66] PIDCP, artículo 9.2 y CADH, artículo 7.4. 141; Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio . 719. De Wet, Erika y Jann Kleffner (eds. Traducciones en contexto de "terminó el conflicto armado que" en español-ruso de Reverso Context: En Angola terminó el conflicto armado que fue la causa fundamental de los desplazamientos forzados, internos y externos de población, si bien persisten ingentes problemas humanitarios. [5] Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, op. En los casos en que ello no se pueda garantizar, podría considerarse la realización de otras formas de detención, como el internamiento por razones de seguridad.[171]. 5 rev. [114] El tribunal ha justificado el recurso al DIH como herramienta interpretativa en el artículo 29 de la CADH[115] y en las reglas de interpretación de la Convención de Viena. 1ª Durante cualquier conflicto armado son aplicables las normas del derecho internacional humanitario, que contribuyen, junto con las disposiciones del artículo 4º y del párrafo 1 del . [6] Este último es conocido como “internamiento” y se refiere a la detención de una persona por ser una amenaza seria para la seguridad de la parte detenedora. ber recibido, por ejemplo, de la onu (Organización de las Naciones Unidas); 4) el número de víctimas; 5) el tipo de armas usadas; 6) la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, Sentencia de 17 de abril de 2015, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Así, la jurisprudencia y doctrina se han preguntado si una rama desplaza a la otra y, de ser así, de qué manera; o si, por el contrario, ambas se complementan y, si es así, de qué forma. ,¢L¨A!J,"×cn *,"HÏh$¢Ê2¤g1UHϤXDÃÉ°ÊÐL¡"³&. [54] Zelalem Mogessie, “National security and the right to liberty in armed conflict: The legality and limits of security detention in international humanitarian law”, en International Review of the Red Cross 903 (2016), p. 972. 692. Sin embargo, otros creen que aunque la violencia que se vive en la actualidad tiene causas de tiempos pasados, los actores y las dinámicas se han transformado significativamente. Comité de Derechos Humanos (CDH), Observación General No. Por tanto, a partir de estos pronunciamientos observamos que la posición del SIDH no es el desplazamiento de una rama frente a otra, sino la interpretación sistemática para alcanzar el mayor nivel de protección posible. En opinión de Ximena Garmendia, este 2023 nos enfrentaremos a la falta de aviones, como una de las consecuencias del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. o Fuerza Pública), se determinó por parte del . Rodenhäuser, Tilman, “Fortalecimiento del derecho internacional humanitario que protege a las personas privadas de libertad: principales aspectos de las consultas y los debates desde 2011”, en International Review of the Red Cross 903 (2017), pp. [135] Para la Corte IDH, los tribunales militares poseen un carácter restrictivo y excepcional. 692. Norma 8. Prohibición de tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes/ Derecho a la integridad. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Fondo, Reparaciones y Costas. [42] Comité Internacional de la Cruz Roja, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, ES 32IC/15/11, Ginebra, XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2015, p. 49. 27.2, 25 y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de octubre de 1987. , Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Fondo, Reparaciones y Costas. 25; CIJ, “Las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado”, Opinión Consultiva, 09 de julio de 2004, párr. Ninguna norma internacional prohíbe a los Estados investigar y sancionar a los miembros de GAO por infracciones penales cometidas en relación con el conflicto armado. I: Normas, Buenos Aires, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2007. [11] Todas estas PPL, más allá de gozar de un estatus particular o no, cuentan con garantías fundamentales. Al respecto, el PIDCP y la CADH contemplan las situaciones de conflicto armado entre los supuestos que podrían habilitar la suspensión de derechos;[76] no obstante, la existencia de un conflicto armado no se traduce automáticamente en la suspensión de estos. cit., p. 694. [126] Clapham, “Chapter 35: The complex relationship between the Geneva Conventions”, op. [10] Sobre la protección de las personas detenidas en el marco de operaciones internacionales, véase Oswald, “Chapter 4: Interplay as regards dealing”, op. Antes de ello, las infracciones graves sólo eran posibles en el curso de un conflicto armado internacional (véase Fiscal v Tadic, Sentencia de la Sala de Apelaciones sobre Jurisdicción, IT-94-1-AR 72 (1995)). Lex Specialis and the applicability of international human rights standards”, en Roberta Arnold y Noëlle Quénivet (eds. con el DIH. [6] Bruce ‘Ossie’ Oswald, “Chapter 4: Interplay as regards dealing with detainees in international military operations”, en Erika de Wet y Jann Kleffner (eds. Esta distinción se evidencia en la norma consuetudinaria 128, sobre la liberación de personas detenidas, que distingue entre las PPL en CAI y en CANI. La segunda etapa del conflicto armado interno de Colombia se desarrolla durante las administraciones de Alfonso López Michelsen (1971-1978), Julio César Turbay (1978-1982), Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990).Tiene como actores armados a las . 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes del Pacto, Doc. 60-118, en https://ssrn.com/abstract=2558158, fecha de consulta: 25 de agosto de 2019. Los derechos humanos de las personas privadas de libertad en un conflicto armado no internacional, 2.2.2 La relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos: la máxima de la, Caso Yarce y otras vs. Colombia, Excepción Preliminar, Sentencia de 22 de noviembre de 2016, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. Para un análisis de la decisión de primera instancia, véase Sean Aughey y Aurel Sari, “Targeting and detention in non-international armed conflict: Serdar Mohammed and the limits of human rights convergence”, en International Law Studies 91 (2015), pp. Fuera de ese contexto, los requisitos de estricta necesidad y proporcionalidad limitan cualquier medida de suspensión que conlleve la reclusión por motivos de seguridad, que deberá ser de duración limitada e ir acompañada de procedimientos para evitar una aplicación arbitraria, […] incluida la revisión por un tribunal”. Todas las noticias sobre Conflictos internacionales publicadas en EL PAÍS. [106], La Convención de Viena establece, entre las reglas generales de interpretación de tratados, que “juntamente con el texto, habrá de tenerse en cuenta: […] toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”. [177] Consejo de Derechos Humanos, “Human rights situation in Palestine and other occupied arab territories”, 6 de junio de 2008, párr. Extraterritorial. [88], La lista de derechos inderogables de la CADH incluye las “garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”,[89] como las reconocidas en los artículos 7.6 sobre libertad personal y 25.1 sobre las garantías judiciales y “las inherentes a la preservación del Estado de derecho”. Recordemos que el artículo 5.1 del PIDCP indica que ninguna de sus disposiciones podría ser interpretada como una concesión de derechos a grupos o individuos para “emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos”. Derecho de las PPL a ser tratadas humanamente. Conflictos armados internacionales El principio de distinción entre civiles y combatientes se enunció por primera vez en la Declaración de San Petersburgo, que establecía que "el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse durante la guerra es la debilitación de las fuerzas militares del "enemigo". Consejo de Derechos Humanos (CDH), Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories, A/HRC/12/37, 19 de agosto de 2009. 216. cit., p. 290. cit., pp. [102] Una de las críticas a la preferencia por esta postura es que la utilización de este método de resolución de conflictos normativos es excepcionalmente rara y, por lo general, se suele acudir a la interpretación de las normas primero. 19-22. [163] También, se ha propuesto no considerar que las detenciones que realizan son per se contrarias al derecho internacional, pues, de otra manera, sería imposible regularlas y asegurar la aplicación de estándares del derecho al debido proceso y a las garantías judiciales.[164]. [175] Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Informe del Relator Especial Philip Alston, 22 de diciembre de 2004, párr. Existen distintos regímenes de protección que, en el caso de PPL, establecen diferentes fundamentos para la detención, condiciones de detención, condiciones de liberación, etc. En esta medida, este apartado tiene por objetivo presentar en mayor detalle algunos estándares específicos sobre la protección de las PPL, más allá de la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad que fue abordada anteriormente. La situación debe ser “de un carácter excepcional que ponga en peligro la vida de la nación”,[78] lo cual exige una ponderación cuidadosa sobre la necesidad y legitimidad de la medida en las circunstancias concretas del caso. [82] PIDCP, artículo 4; CADH, artículo 27. [75] CIDH, Resolución 1/08, marzo de 2008. En “Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador” señaló la necesidad de interpretar el derecho a la vida recurriendo a las normas aplicables en CANI[142] y estableció que el Estado tenía la obligación de proteger a la población civil. [86] Solo podrán suspenderse los procedimientos del artículo 9 en la medida estrictamente necesaria para la situación y de manera compatible con otras obligaciones internacionales, incluyendo las normas del DIH. [115] “Artículo 29. [65] DUDH, artículo 25 y DADDH, artículo XI. El caso colombiano tiene ciertas similitudes con el proceso en Nicaragua, porque a fin de cuentas cit., pp. Este requisito debe interpretarse a la luz del artículo 6 del Protocolo adicional II y las normas consuetudinarias. Las Partes en conflicto no podrán internar a personas protegidas más que de conformidad con . La idea es comprender, sin perder de vista el DIH, el rol que desempeña el derecho interno como fundamento legal para las detenciones. Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 70/175, 17 de diciembre de 2015. Una nueva era de conflictos y violencia. cit., p. 274. [79] Asimismo, el Estado debe proclamar oficialmente un estado de excepción siguiendo las disposiciones de su legislación interna. [40] Ello ha llevado a dos posturas: a) que el DIH contiene un derecho inherente a privar de libertad en CANI, o b) que la privación de libertad debe realizarse sobre una base jurídica y debe garantizarse el derecho a cuestionar la detención siguiendo los estándares del DIDH,[41] postura que adoptamos en el presente artículo. Derecho a la alimentación, vestimenta y asistencia médica. Alexis Rafael Peña. cit., p. 192. Los conflictos son menos . [59] De manera específica, los principales derechos que los Estados deben garantizarles en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) son: Estos derechos se refieren al fundamento para detener a una persona y mantener la detención, así como a las condiciones de detención y el trato debido a las PPL. Cuando las fuerzas estatales o los civiles son capturados y detenidos por GAO, los Estados suelen alegar que se trata de una toma de rehenes,[165] pues se cuestiona su facultad para detener personas. Merece especial atención el desarrollo que ha iniciado el SIDH con miras a fortalecer la protección de personas frente a violaciones de derechos humanos ocurridas en CANI. [50], En estos casos, no está claro cuál sería el instrumento legal adecuado para aprobar esta prerrogativa y qué pasaría, por ejemplo, con las actuaciones extraterritoriales. Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. [97], La utilización de la lex specialis ha sido criticada por la falta de uniformidad en su uso. [169] CICR, El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, op. cit., normas 98, 123 y 120. [72] DUDH, artículo 11.2; PIDCP, artículo 15; y CADH, artículo 9. Heffes, Ezequiel, “Detentions by armed opposition groups in non-international armed conflicts: Towards a new characterization of international humanitarian law”, en Journal of Conflict & Security Law 2 (2015),pp. 09/08/2022 - 15:07 h COT. [70] DUDH, artículo 11.1; PIDCP, artículo 14.2; DADDH, artículo XXVI; y CADH, artículo 8.2. [117] Salmón, Introducción al Derecho Internacional Humanitario, op. Ante la ausencia de normas específicas sobre el empleo de la jurisdicción militar para juzgar y sancionar actos cometidos durante un conflicto armado, y a fin de interpretar el contenido de las “garantías judiciales esenciales” referidas en el artículo 3 común, es necesario complementar las disposiciones del DIH con los estándares del DIDH. Respecto al papel de la lex specialis como principio de análisis jurídico internacional, véase Conor McCarthy, “Chapter III. Análogamente, algunas formas de violencia, denominadas "tensiones internas" o "disturbios interiores", no alcanzan el umbral de aplicabilidad del derecho internacional humanitario y, en Todos los derechos reservados. cit., p. 171. Se cumplen más de 20 años desde la invasión de Estados Unidos en Afganistán, motivada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y con el fin de apresar a . [49] El límite es que la privación de libertad no debería ser arbitraria. El gobernador dijo que también le encantarÃa, en su momento, âser entrenador de algún equipo de aquà de México; me encantarÃa dirigir en el extranjero, incluso dirigir a la selección mexicanaâ. CONFLICTOS BELICOS Una organizacion internacional pretende realizar un seguimiento de los conflictos bélicos que se producen en todo el mundo, Para ello crearé una BD que responderé al siguiente andlisis: Se entiends por conflicto cualquier lucha armada que afecte a uno o varios paises y en el cual se produzcan muertos y/o heridos. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicables a la justicia penal”, en Revista IIDH 59 (2014), pp. 5, inc. 1) y disposiciones que pueden ser cumplidas en la medida de las posibilidades de las partes (art.5, inc. 2), esta distinción no se encuentra en las normas consuetudinarias. [105] Borelli, “The (mis) use of general principles of law”, op. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Informe del Relator Especial Christof Heyns, A/71/372, 2 de setiembre de 2016. Las preocupantes tendencias que vimos en 2021, desde EE. Ambos casos ilustran cómo en la jurisprudencia del SIDH se ha abordado la muerte de PPL por parte de fuerzas estatales en CANI a partir de la complementariedad entre el DIH y el DIDH. cit., párr. [155] CDH, “General comment No. Prohibición de trabajo forzado no retribuido o abusivo, Separación de hombres y mujeres, salvo se trate de una misma familia, Los locales de reclusión deben estar alejados de la zona de combate, Prohibición de intervención médica no requerida por el estado de salud de la persona y que no sea conforme a las normas médicas generalmente aceptadas, C. Garantías aplicables a las diligencias penales, No se impondrá condena ni se ejecutará pena sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las garantías judiciales esenciales, Condenar solo sobre la base de la responsabilidad penal individual, Principio de legalidad y de retroactividad, Los siguientes aspectos del Protocolo adicional II también deben ser considerados como parte de las garantías esenciales que han adquirido carácter consuetudinario:[27] que se informe al acusado sin demora sobre los detalles de la infracción cometida, que se garanticen al acusado los derechos y medios de defensa, la presunción de inocencia, la prohibición de juicios in absentia y la prohibición de obligar a alguien a confesarse culpable o declarar contra sí mismo.[28].
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