El Sistema Administrativo. Tratado de Derecho Administrativo T6 (Brewer Carías) Venezuela . Es la primera revista especializada en Derecho Administrativo del Perú, sus números de publicación semestral han alcanzado amplio reconocimiento por parte de los más destacados especialistas en la materia; en virtud del quehacer académico en el que alumnos y profesores aportan con la difusión . Es necesario señalar que por mandato de la Ley del Servicio Civil estos dos últimos se están fusionando en un nuevo instrumento de gestión que es el cuadro de puestos de la entidad (CPE), que se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de Servir con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Nuevo Miembro Ordinario del Instituto Internacional Administrativo. De hecho, los mecanismos de descentralización democratizan el acceso de dichos particulares al Estado en general, puesto que facilitan la realización de mecanismos de participación política propios de la democracia directa. La discrecionalidad, como resultado, va reduciendo su existencia a límites casi virtuales, lo cual es consistente con la moderna teoría administrativa, e incluso, con reiterada jurisprudencia, en especial la emitida por el Tribunal Constitucional. Los derechos digitales fundamentales: ¿es necesaria su reconfiguración en el ordenamiento jurídico? Asimismo, la Administración Pública, al emitir actos administrativos – que por definición, generan efectos específicos, aplicables a un conjunto definido de administrados – debe adecuarse a las normas reglamentarias de carácter general Estas últimas evidentemente deben de complementar debidamente la norma legal que les da sustento, cumpliendo con reglamentarla de manera adecuada, en el caso de los llamados reglamentos ejecutivos. Sobre este particular debemos señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 008-2005-PI-TC declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el numeral 8 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.º 28175, debiéndose interpretar dicho precepto en el sentido que tratándose de relaciones de empleo público, individuales o colectivas, donde se encuentren en juego derechos constitucionales, la solución a la colisión de principios deberá efectuarse conforme al artículo 23° de la Constitución, que establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Usted tiene la facultad de ejercer cualquiera de los derechos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales, de manera gratuita, enviando una comunicación al correo electrónico: proteccion.datos@pucp.edu.pe, Av. cit., pp. Ejemplos de estos órganos son la dirección de un ministerio, o de los organismos públicos descentralizados. Todos los derechos reservados. Este proyecto llamado Círculo de Derecho Administrativo – CDA, buscó perfilar su objetivo de difundir el Derecho Administrativo mediante la emisión de boletines electrónicos, conversatorios, cursos, seminarios, talleres y nuestro principal producto: la Revista de Derecho Administrativo – RDA. La autoridad administrativa ejerce su competencia en función del fin público que le da origen a la misma. La aparente antinomia entre el arbitraje y la contratación pública. debe respetar las normas legales en general y en especial aquella que le otorga potestad reglamentaria a la entidad. La maestría tiene una duración de dos años de estudios o cuatro semestres académicos. Hasta la fecha, han sido publicadas 18 ediciones de esta, cada una con una temática especializada en las distintas ramas del Derecho Administrativo, como Derecho de las Telecomunicaciones, Medio Ambiente, Minería y Energía, Procedimiento Administrativo, Competencia, entre otros. El sometimiento del Estado en general y de. De hecho, la normativa vigente hasta la promulgación de la derogada Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado regulaba un mecanismo de resolución de controversias por completo distinto, que consistía en la solución de la controversias por parte de un tribunal administrativo, para que luego sea revisado a través del proceso contencioso administrativo vigente en aquel entonces; mecanismo que resultaba ser por completo ineficiente. Un interesante ejemplo de lo antes señalado se encuentra en la relación entre la Ley de Contrataciones del Estado — la Ley N.° 30225 — y su reglamento, en la cual este último regula lo sustancial de los procedimientos de selección a cargo de las entidades, mientras que la ley en cuestión establece previsiones más bien de naturaleza general, no obstante que esta situación se había ido revirtiendo ligeramente en los sucesivos cambios en la normativa en materia de contratación administrativa, para luego retroceder con la actual normativa. Correo electrónico: cicaj@pucp.edu.pe. En este trabajo se analizan algunos fallos dictados por el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago a fin de destacar cuál ha sido la aplicación de ciertas categorías generales del derecho administrativo, a propósito del conocimiento de reclamaciones en base a su competencia para conocer del contencioso de nulidad ambiental. Magíster en Derecho de la Empresa Con Especialidad en Regulación de Negocios, Pontificia Universidad Católica del Perú CV PUCP Merino Amand, Francisco Doctor en el Programa Ética y Democracia, Universidad de Valencia, Venezuela CV PUCP Morón Urbina, Juan Carlos Universitaria 1801, San Miguel, 15088, Lima - Perú | Teléfono (511) 626-2000. En segundo lugar, la Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa. Derecho administrativo - Perú I. Alejos Guzmán, Oscar, colaborador II. Es una Administración sometida al Derecho, aunque la misma está habilitada para dictar reglas generales – reglamentos fundamentalmente -, éstas están subordinadas a la ley. Para ello, debe tenerse en cuenta un conjunto de principios de la actuación administrativa, a fin de asegurar que dicha actuación se ajuste a derecho. Todos los derechos reservados. , al emitir actos administrativos – que por definición, generan efectos específicos, aplicables a un conjunto definido de administrados – debe adecuarse a las normas reglamentarias de carácter general. De hecho, poco a poco, por diversos motivos, la Administración Pública ha venido adquiriendo un importante papel en el ejercicio de funciones normativas. Ahora bien, a diferencia de los contratos regidos por el derecho privado, en los contratos administrativos la Administración procura la satisfacción del interés público. En tanto dicha potestad se encuentra regulada por la Constitución y la Ley, no implica una declaración de voluntad, como lo señala erróneamente cierto sector de la doctrina comparada. Sobre el particular debe señalarse en primer lugar, que nos encontramos ante una relación muy particular, que si bien establece un conjunto de derechos, también asigna un conjunto de deberes respecto al personal al servicio de las entidades; que la hace sustancialmente distinta de la relación existente entre un trabajador y un empleador en el ámbito de la actividad privada. Derecho administrativo Derecho Administrativo carrera. 800.00. Comparte este evento Teléfono: (511) 626-2000 anexo 4901 Título IV. Coordinador del curso: Alberto Cairampoma. Profesor de Derecho Administrativo. Situación contraria genera la llamada desviación de poder, que ocurre cuando el acto administrativo se ha dictado con un fin distinto al previsto por el legislador . Ejemplos de estos órganos pueden encontrarse en la oficina de asesoría legal o la oficina de planificación de alguna entidad pública. Los datos serán utilizados exclusivamente para el cumplimiento de dicha finalidad, siempre garantizando las medidas de seguridad establecidas en la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 003-2013-JUS, y sus normas modificatorias y conexas. , a diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o, , dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa. En nuestra opinión, el principio de legalidad a nivel del concepto de competencia estriba en impedir que la Administración Pública establezca su propia competencia , situación que se haría posible de permitirse el establecimiento de competencias vía decreto legislativo, de urgencia o través de normas generales –ordenanzas – emitidas por los gobiernos locales y regionales. Ello si tomamos en cuenta que por la naturaleza de su función la Administración está autorizada a limitar ciertos derechos o intereses de los particulares . Lo que ocurre es que en el Estado de Derecho se ubica a, como esencialmente ejecutiva, encontrando en la ley su fundamento y el límite de su acción. El descentralizar implica que existen núcleos de autoridad, básicamente en las distintas zonas geográficamente consideradas en un país determinado, que implica una división de poder garantizada por el ordenamiento jurídico. A su vez, se encuentra proscrita, en principio, la posibilidad de intervención de una autoridad administrativa en la competencia de otra, aun cuando aquella sea superior jerárquico de la primera, salvo que se haya autorizado legalmente la avocación. Estos órganos dirigen, entre otras, la actividad cuasijurisdiccional de la Administración, a través del empleo del procedimiento trilateral. La Revista de Derecho Administrativo – RDA es editada semestralmente por la Comisión de Publicaciones del Círculo de Derecho Administrativo - CDA. El diseño organizacional resulta entonces fundamental para toda organización y en especial para la Administración Pública. Extender su búsqueda a un alcance de 100 millas le dará opciones. Surgió hacia el año 1999, y dada la coyuntura política - social que vivíamos en el país, como un proyecto diseñado con . Una importante clasificación de los órganos administrativos se basa en un criterio funcional y es bastante tradicional. Asimismo, la Administración solo podría ejercer aquellas facultades que se encuentren señaladas expresamente en la Ley. 1832 Fax 787.651.4027 derecho . Av. tcastro@pucp.pe. Derecho Administrativo y Administración Pública. Jerarquía. Un problema serio en este punto es la existencia de una gran cantidad de normas con rango de ley (entre leyes y decretos legislativos) que no han sido reglamentados no obstante la exigencia expresa establecida en la norma. Evidentemente, la ausencia de competencia, sea respecto al lugar (o territorio), la materia, el grado, la cuantía o el tiempo, acarrearía la nulidad del acto administrativo , teniendo en cuenta que en nuestra legislación no existe propiamente el concepto de anulabilidad del acto administrativo. Paradójicamente, una administración descentralizada puede resultar siendo más grande que una organización centralizada, al existir la necesidad de la creación de organismos encargados de efectuar mecanismos de coordinación. Ello proviene evidentemente de la aplicación del artículo 139° de la Constitución, que establece con claridad que el arbitraje constituye jurisdicción, no siendo – como algunos creen – un medio alternativo a la misma. Por otro lado, los instrumentos de gestión requieren un tratamiento integral en nuestro ordenamiento administrativo. En primer lugar, es discutible afirmar que el arbitraje sea una institución esencialmente privada. La potestad sancionadora de todas las . En primer lugar, son normas de carácter secundario, subordinadas a la Ley y de naturaleza diferente a la misma. 2 . Av. Revisión de la experiencia de la unión europea y española y su incidencia en las legislaciones colombiana y peruana, Regulación para la competencia en el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. Generalidades. La Competencia administrativa está enfocada a una finalidad de interés común o, en todo caso, de utilidad pública. Los llamados órganos consultivos emiten juicios, dictámenes e informes, los mismos que generan efectos jurídicos, sean directos o indirectos. Unidad 1: Int er venció n de la Administ ración . A continuación, se detalla el contenido del Plan de Estudios del Curso de Especialización: Los docentes del curso brindarán este seminario, que forma parte del curso y otorga una constancia adicional de asistencia a dicha actividad académica. Es necesario tener claro, sin embargo, hasta donde puede descentralizarse. A su vez, los instrumentos de gestión tampoco constituyen actos de administración interna, puesto que estos últimos tienen alcance particular. En términos generales, la autonomía que venimos señalando es variable, puesto que puede involucrar determinados niveles dependiendo en general de la actividad que se realiza. Universitaria 1801 San Miguel, Lima 32, Lima - Perú, Luis A. Ortiz Zamora, Gloriana Alvarado León, Virginia Nakagawa Morales, José Aguilar Reátegui, Luz Mónica Herrera Zapata, Laura Daniela González Rozo, © 2019 Pontificia Universidad Católica del Perú Todos los derechos reservados, Acceso al mercado de las telecomunicaciones y ejercicio de la actividad. Esto refuerza la naturaleza indisponible e inalienable de la competencia administrativa . Este contará con la participación de destacados docentes especialistas. La emisión de un reglamento es siempre un acto cognitivo, resultado de un procedimiento previo, debidamente regulado. Una organización estatal establecida mediante divisiones geográficas, con autonomía política y administrativa, implica entonces la existencia de una descentralización muy amplia. Para . En el caso de los reglamentos autónomos, la Administración debe respetar las normas legales en general y en especial aquella que le otorga potestad reglamentaria a la entidad. Sumario.-. Además, la existencia de entes descentralizados con cierta cuota de autonomía permite que los mismos controlen el poder que ejerce el Estado central o nacional. De hecho, la organización descentralizada, adecuadamente implementada, puede generar determinados beneficios al funcionamiento administrativo. La actividad sancionadora goza actualmente de especial singularidad, puesto que permite a la Administración sancionar a los particulares por la comisión de determinadas infracciones, las mismas que no poseen la calificación de delitos. La decisión tomada se basa en criterios objetivos, los mismos que son susceptibles de control, sea administrativo, sea jurisdiccional, a través de un eventual proceso contencioso administrativo. 2do piso de Derecho, Teléfono: (+511) 626-2000 - anexo 4901 Correo: cicaj@pucp.edu.pe. 2. Pontificia Universidad Católica del Perú III. Evolución del criterio de afectación exigido en el artículo 54 de la Ley 19.300 para la legitimación activa en la acción de reparación por daño ambiental. 1252. Constituyen siempre órganos colegiados, es decir, conformados por una pluralidad de funcionarios. Además, debemos considerar la actividad cuasijurisdiccional del estado, por la cual la Administración Pública se encarga de resolver controversias entre particulares o entre estos y otras entidades del Estado, a través del empleo del denominado procedimiento administrativo trilateral, al cual aludiremos más adelante. Lo que hay que hacer es limitar el poder absoluto y ello se logra distribuyendo las funciones estatales. Ejemplos de ello son las oficinas de asesoría jurídica, de presupuesto, de planificación, de racionalización, de administración, de relaciones públicas, de comunicaciones, entre otras. Principios de la potestad sancionadora administrativa. A) Definición de . Así, parecen evidentes las ventajas del arbitraje para resolver controversias en el ámbito de la ejecución de los contratos administrativos. En muchos de dichos casos la norma con rango de ley requiere del reglamento para su vigencia, lo cual hace aun más urgente su promulgación. En consecuencia, un reglamento no puede violar lo establecido por la norma con rango de ley, sea la que el mismo reglamenta o cualquier otra. Dicha actividad se ejerce a través de los llamados tribunales administrativos o de los entes encargados de componer conflictos – o resolver controversias – entre particulares o entre estos y el propio Estado. En este orden de ideas, puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración, que se constituye en parte del mismo, ejerce prerrogativas especiales frente al contratista, las que no poseería en el contexto de un contrato de derecho privado. Demás está señalar que estas normas, en tanto sus efectos, no constituyen actos administrativos, puesto que estos generan efectos en una situación concreta, afectando administrados. El curso virtual de especialización tendrá una duración de 53 horas académicas y se desarrollará desde el 31 de enero al 17 de marzo del 2023. México: Porrúa, 2003, p. 106. © 2019 Pontificia Universidad Católica del Perú. Tipo de certificación: El certificado será emitido a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio (11 o más) y asistan por lo menos al 80% de las sesiones programadas. Dentro de las normas internas de la Administración encontramos los instrumentos de gestión, que son documentos técnico normativos que regulan el funcionamiento de la entidad de manera integral, incluyendo entre ellas a los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) los Manuales de Organización y Funciones (MOF), el llamado Cuadro para Asignación de Personal (CAP), así como el Presupuesto Analítico de Personal. Ello implica, además, la necesidad de una construcción delicada de las competencias que les corresponde a cada uno de los entes que componen la organización descentralizada. La Ley establece fundamentalmente cuales son las atribuciones de las que goza la entidad respectiva, lo cual se conoce en el ámbito administrativo como competencia. Sigue leyendo →. Generar conocimientos especializados en los diversos temas de la disciplina del Derecho Administrativo. Como veremos más adelante, la actividad sancionadora de la Administración posee ciertos principios que tienen por finalidad proteger al particular de posibles actos arbitrarios . Derecho Administrativo Perú. Los órganos consultivos pueden ser permanentes o transitorios, e incluso pueden estar conformados por particulares o entes representativos de intereses diversos, que asumen una función consultiva . Límites de la descentralización territorial. Actualmente, la normativa sobre el particular parece mostrarnos más bien un régimen mixto o híbrido, en el cual existen elementos de ambos ámbitos. En esta consideración se incluyen conceptos como las garantías, las penalidades como resultado del incumplimiento contractual, la resolución de controversias, la posibilidad de modificar unilateralmente determinados aspectos contractuales – adicionales, reducciones – así como la posibilidad de que los incumplimientos sean sancionados administrativamente por parte del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Los órganos consultivos, según la clasificación que hemos visto previamente, son siempre órganos staff. Ingrese su correo electrónico para notificarlo de las actualizaciones de este blog: Ahora que se discute la reforma del Servicio Civil resulta pertinente debatir respecto a la relación entre la Administración Pública y su personal. De allí que el Tribunal Constitucional señale que el proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es fundamentalmente subjetivo ya que su fin es proteger los intereses de las partes – resolviendo controversias -, también tiene una dimensión objetiva, definida por el respeto a la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta por el artículo 51° de la Carta Magna; siendo que ambas dimensiones son interdependientes y es necesario modularlas en la norma legal y en la jurisprudencia. Esto implica, en primer lugar, que la Administración se sujeta especialmente a la Ley, entendida como norma jurídica emitida por quienes representan a la sociedad en su conjunto, vale decir, el Parlamento. Serie BNP: 2019-108 El proceso contencioso-administrativo Ramón Huapaya Tapia Puede darse como resultado un indebido incremento de los costos administrativos: la coordinación administrativa puede ser costosa, haciéndose difícil la toma de decisiones. Derecho administrativo económico (Derecho administrativo regulador). En ese sentido, continúa señalando el Tribunal, que la facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 2º inciso 24 literal a) de la Constitución, sino se origina, como lo hemos señalado, en el artículo 139º de la propia Constitución. Es el que le da sentido. Crear aptitudes profesionales especializadas en Derecho Administrativo en los egresados del programa, que les sea útil en su ejercicio profesional. © 2022 Pontificia Universidad Católica del Perú. En general, se entiende por servicio público aquel cuya prestación debe necesariamente asegurarse, por ser la misma de interés público o interés común. El típico ejemplo de órgano administrativo se encuentra en la relación entre los ministerios y las diversas direcciones que lo componen. El sometimiento del Monarca a la Ley genera entonces que el pretender que éste elabore también la misma, implicaría una grave incongruencia, pues estaría sometido a sus propios designios, sin que exista control aparente alguno. Su información será almacenada en una base de datos de propiedad de la PUCP y será tratada de manera confidencial. Es evidente, a partir de este razonamiento, que el principio de legalidad es uno de los elementos que conforman el Estado de Derecho, pues sirve de efectiva limitación al Poder Estatal en beneficio de los derechos de los individuos. Universitaria 1801 San Miguel, 15088, Lima - Perú
La Pontificia Universidad Católica del Perú otorga el grado de Magíster en Derecho Administrativo Al concluir el primer año, la Escuela de Posgrado otorga el Diploma de Posgrado en Derecho Administrativo Personal directivo Director del programa Dr. Diego Hernando Zegarra Valdivia Ver perfil docente Comité Directivo Dr. Jhonny Zas Friz
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